El Derecho Fiscal se puede definir como la rama del Derecho Público que comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado, en su carácter de autoridad fiscal, y los gobernados, en su carácter de contribuyentes.

De lo anterior, se desprende que el funcionamiento del Derecho Fiscal recae en dos partes principales, que son, por una parte, el Estado en su carácter de Sujeto Activo, como por ejemplo lo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, las Secretarías de Finanzas de los Estados y Municipios, las Delegaciones y Subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y, por otra, el Sujeto Pasivo, que es el contribuyente, que puede ser una persona física o moral.

Así, en el Derecho Fiscal se establecen las normas que determinan los tributos. Esto es, a través de los diversos ordenamientos fiscales, el Estado grava las actividades de los gobernados sin importar la naturaleza civil o mercantil de las mismas.

En el Sistema Fiscal Mexicano resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Tratados Internacionales de los que México sea parte; el Código Fiscal de la Federación; la Ley de Coordinación Fiscal; los Códigos Fiscales de las Entidades Federativas y de los municipios; las Leyes de Hacienda de los Estados y de los Municipios; la Ley de Comercio Exterior; la Ley Aduanera; diversas legislaciones en materia de impuestos como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre otras; así como diversos reglamentos, decretos y circulares. A falta de una norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común.

El Derecho Fiscal abarca diversos aspectos, como la determinación de los sujetos obligados al pago de impuestos, la cuantificación de las obligaciones fiscales y los procedimientos para la recaudación y fiscalización de los tributos. Además, establece los derechos y garantías de los contribuyentes, asegurando un equilibrio entre las necesidades del Estado y los derechos individuales.